A la hora de hacer el corte de caja, las cuentas del gobierno federal muestran que el rescate de las pensiones para los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) no le costó un solo peso extra al contribuyente. Las afirmaciones sobre un supuesto descalabro financiero pierden fuerza frente a las restricciones impuestas por la misma ley.
El mecanismo de pago, diseñado desde las oficinas de Palacio Nacional, estableció una barrera infranqueable para la Secretaría de Hacienda. El documento oficial es claro: las erogaciones para cumplir con esta compensación vitalicia recayeron enteramente en la espalda del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Esto significa que no hubo «charolazo» ni partidas secretas. La dependencia encargada de administrar los bienes decomisados tuvo que hacer uso de sus economías y de los recursos que el Congreso de la Unión ya le había aprobado para su operación ordinaria durante el ejercicio fiscal correspondiente.
Para ponerle un alto a cualquier intento de inflar la nómina burocrática, el decreto incluyó una cláusula de oro. Se estipuló de forma escrita y pública que, bajo ninguna circunstancia, se autorizarían ampliaciones presupuestales para cubrir los compromisos adquiridos con los agremiados del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
La lectura estrictamente económica de esta maniobra indica que se trató de una reingeniería del gasto interno. Al utilizar el dinero que ya se encontraba en las arcas del Indep, el gobierno federal logró apagar un incendio social de más de una década sin tener que pedir deuda ni aplicar recortes a otros programas prioritarios.
Los analistas financieros de la metrópoli señalan que esta disciplina fiscal evitó un efecto dominó en la economía pública. La narrativa de un derroche indiscriminado, impulsada por voces disidentes de la actual administración, carece de sustento cuando se rastrea el origen y el destino de cada transferencia bancaria.
El candado presupuestal implementado dejó sin margen de maniobra a quienes auguraban una crisis en la tesorería. Al mantener inamovible el techo de endeudamiento y el presupuesto de egresos, la medida se consolidó como un ejercicio de administración pública mesurada.
Para las finanzas de la capital y del país, evitar un boquete extraordinario siempre será una buena noticia. La resolución de este pasivo laboral, heredado de la administración de Felipe Calderón en 2009, se gestionó con las reglas del juego financiero bien delineadas y a la vista de todos.
Al final de la jornada, los números son testarudos. El ahorro generado al no contratar nueva deuda para saldar este compromiso demuestra que la técnica administrativa se impuso sobre los discursos políticos, garantizando que el erario público se mantuviera a salvo de sobresaltos imprevistos.
