El Departamento de Justicia de Estados Unidos sacudió el avispero político y criminal tras presentar una nueva acusación formal contra Nicolás Maduro. El expediente señala que el exmandatario venezolano presuntamente vendió pasaportes diplomáticos a capos del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, facilitando el trasiego de dinero y droga mediante el uso indebido de la inmunidad oficial.
Inmunidad diplomática para el narco
Las pesquisas detallan que este esquema operó con fuerza entre 2006 y 2008, años en los que Maduro fungía como Ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez. Según los fiscales estadounidenses, el hoy señalado utilizaba la Embajada de Venezuela en México como centro de operaciones.
El «modus operandi» era de película: mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador en turno, aviones privados con cobertura diplomática eran cargados con millones de dólares en efectivo provenientes de la venta de drogas. Gracias a los documentos oficiales vendidos por el régimen, estas aeronaves evitaban cualquier revisión policial o militar en aeropuertos mexicanos, regresando a Venezuela sin contratiempos.
Los nexos con «El Chapo» y el Tren de Aragua
Por primera vez, el expediente judicial incluye cargos contra el círculo más cercano de Maduro: su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra. Asimismo, la justicia estadounidense incorporó a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «El Niño Guerrero», presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua, subrayando la alianza entre el Estado venezolano y organizaciones trasnacionales.
La fiscalía también puso sobre la mesa datos de 2011, vinculando a Joaquín «El Chapo» Guzmán con el financiamiento de laboratorios de cocaína en Colombia, los cuales presuntamente contaban con la protección de las FARC bajo el amparo de la administración venezolana.
Implicaciones internacionales
Esta acusación refuerza la recompensa de 15 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos mantiene vigente por información que lleve a la captura de Maduro. El caso resalta la utilización de instituciones diplomáticas para fines delictivos, lo que complica aún más las relaciones entre Caracas, Washington y la región latinoamericana.
