La Fiscalía acusa a Duarte de desviar 5 millones de pesos; buscan que no salga del Reclusorio Norte este abril tras su condena.
La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó un nuevo «manotazo» legal este jueves 12 de febrero de 2026 contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En una audiencia celebrada en las salas de oralidad del Reclusorio Norte, la autoridad federal imputó formalmente al exmandatario el delito de peculado, acusándolo del presunto desvío de 5 millones de pesos.
Este movimiento jurídico ocurre a escasos dos meses de que Duarte cumpla la sentencia de nueve años que se le impuso en septiembre de 2018 por lavado de dinero y asociación delictuosa. Según los procedimientos vigentes, el político veracruzano tiene marcada su salida del penal para el mes de abril de 2026, fecha que la FGR busca anular mediante una nueva orden de prisión preventiva.
Definición jurídica: el martes 17 de febrero
Durante la comparecencia, la defensa de Javier Duarte solicitó la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas a su favor. Ante esto, el juez de control citó a las partes para el próximo martes 17 de febrero, día en que se determinará si el imputado es vinculado a proceso penal.
De proceder la acusación y lograrse una sentencia condenatoria, el exmandatario, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016, podría enfrentar una pena adicional de hasta 14 años de prisión, lo que sepultaría sus esperanzas de abandonar el «Reclu» en el corto plazo.
Un expediente que no cierra
Este nuevo cargo de peculado se suma a la larga lista de irregularidades detectadas durante su administración. Cabe recordar que la gestión de Duarte estuvo marcada por señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que superaron los 60 mil millones de pesos en irregularidades.
Mientras la audiencia inicial continúa bajo los reflectores de la prensa capitalina, el exgobernador permanece bajo custodia en el penal de la Colonia Loma de la Palma, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La estrategia de la FGR es clara: evitar que uno de los rostros más visibles de la corrupción en la década pasada recupere la libertad antes de responder por este nuevo desfalco al erario.
