Una semana después del asesinato del productor y líder de citricultores Bernardo Bravo, ocurrido en el valle de Apatzingán en Michoacán, las autoridades federales y estatales pusieron en marcha un esfuerzo de alto nivel para atacar la red de extorsión que azota a los agricultores de limón. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó en la región una reunión con autoridades locales, miembros del gabinete de seguridad y productores agrícolas para coordinar un plan emergente de investigación, inteligencia y protección al sector citrícola.
La tensión era evidente: Michoacán se encuentra bajo asedio de grupos del crimen organizado que imponen “cuotas” a productores de limón, aguacate y otros cultivos, así como bloquean rutas de comercialización mediante amenazas, violencia y asesinatos. Bravo había denunciado de forma pública que los productores estaban obligados a pagar hasta 4 pesos por kilo de limón únicamente por tener el “derecho” a cosechar y transportar.
Durante la reunión realizada en Apatzingán —en la base de la 43ª Zona Militar— García Harfuch reafirmó que el homicidio de Bernardo Bravo “no quedará impune” y anunció un refuerzo de operativos con la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad estatal y fuerzas federales, para investigar extorsión, cobro de piso y proteger la producción agrícola.
El contexto es grave: de acuerdo con las autoridades, en el periodo del 1 de octubre de 2024 al 27 de octubre de 2025 ya se habían realizado operativos en coordinación en Michoacán que derivaron en la detención de 303 personas, aseguramiento de más de tres toneladas de metanfetamina, 271 kilogramos de marihuana, 429 armas de fuego y cientos de vehículos.
Los productores de limón no sólo luchan contra la naturaleza o los precios internacionales: su mayor amenaza es interna y persistente. En la región se señala a células vinculadas a la Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al grupo Los Viagras, que han penetrado organizaciones agrícolas, mezclando la economía formal del campo con estructuras del crimen. El asesinato de Bravo evidencia que la línea entre agricultor y empresario víctima de extorsión es cada vez más fina.
Para Michoacán, donde el limón es un motor económico —con miles de productores, jornaleros, rutas de exportación y empleo— esta operación representa una apuesta para frenar el dominio criminal sobre el campo. Pero también es un riesgo: los productores señalan que sin protección real, denunciar puede significar ser blanco. “En el Valle de Apatzingán los productores vivimos bajo el miedo, pero alguien tenía que alzar la voz”, dijo un agricultor tras la reunión.
El reto inmediato será traducir este compromiso en resultados visibles: qué tan pronto se verán patrullajes, escoltas, cortes de rutas criminales y restitución de territorios agrícolas. Si el crimen podrá seguir operando sin sanción, la lógica del silencio volverá a dominar el campo. El gabinete federal ha llegado, la reunión se dio… pero ahora toca ver si la producción de limón podrá volver a ser un negocio sin pagar cuota al crimen.
